Los consulados italianos se preparan para cambios en las reglas de ciudadanía

Las representaciones diplomáticas ya están empezando a adaptarse a los posibles cambios que traerá el nuevo decreto, incluida la capacitación del personal y la revisión de procedimientos.

Con la entrada en vigor del Decreto-Ley nº 36, publicado el 28 de marzo de 2025, los consulados italianos en todo el mundo, incluidos los ubicados en Brasil, se están movilizando para adaptar sus procedimientos a las nuevas directrices establecidas por la legislación.

El nuevo decreto impone importantes restricciones al reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia (jus sanguinis), limitando el derecho sólo a los hijos y nietos de italianos nacidos en Italia. Además, los procesos de reconocimiento de ciudadanía se centralizaron en una oficina especial en Roma, quitando esta competencia a los consulados.

Ante estos cambios, los consulados están implementando medidas para adaptarse a los nuevos requisitos. Entre las acciones adoptadas están la capacitación del personal para atender los nuevos procedimientos, la revisión de los procesos internos y la suspensión temporal de citas para el reconocimiento de ciudadanía. Algunos consulados ya han eliminado de sus sistemas en línea la opción de programar una cita para el reconocimiento de ciudadanía.

Los expertos advierten que hasta que el decreto sea convertido en ley por el Parlamento italiano, lo que debería ocurrir dentro de 60 días, los consulados no tienen procedimientos definidos para la situación actual, excepto aquellos que caen bajo las nuevas reglas. Esto significa que la mayoría de los procesos en curso están suspendidos, lo que afecta a miles de solicitantes, especialmente en Brasil, que tiene la mayor comunidad de descendientes italianos fuera de Italia.

Se espera que el Parlamento italiano discuta y vote el decreto a finales de mayo. Durante este período las reglas podrán ser modificadas, aprobadas o revocadas. Mientras tanto, los consulados continúan preparándose para posibles cambios permanentes, buscando asegurar el cumplimiento de la legislación y minimizar los impactos para los solicitantes.

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